Tal y como destacó ANFAC en la presentación de la Hoja de Ruta 2023-25 el pasado enero, el ritmo de desarrollo de la electrificación en Europa se está partiendo en dos, reflejando dos grupos con diferentes velocidades y donde España circula en el “vagón de cola”.

En el grupo de cabeza, países como Alemania, Países Bajos o Reino Unido crecen por encima de la media europea, destacando también el caso de Portugal que gracias a una fiscalidad y medidas enfocadas en favorecer el desarrollo de la electromovilidad lo sitúan al mismo ritmo que la media en Europa, habiendo acelerado su ritmo de desarrollo. Mientras que España, con cerca de 15 puntos por debajo de la media europea se ubica al mismo nivel de desarrollo que países como Hungría, República Checa o Italia. 

El retraso se evidencia más al compararnos con Europa, donde la media de los países se sitúa en un total de 33,7 sobre 100 puntos, con un aumento de siete puntos

En cuanto al indicador nacional, todas las comunidades ofrecen un ligero aumento, a pesar del lento desarrollo de la infraestructura de recarga y la entrada de vehículos electrificados. En el Top-3, Madrid encabeza el ranking con un total de 21,5 puntos sobre 100, seguido de Navarra (18,7 puntos) y Cataluña (18,5 puntos).

El pasado año, el indicador de penetración del vehículo electrificado logró una valoración media de 23,2 puntos, que representa un crecimiento de 3,6 puntos. Con esta puntuación, España se posiciona en el antepenúltimo puesto del ranking del Barómetro de Electromovilidad.

La electromovilidad en España y en Europa

La media europea logra un incremento de 7,4 puntos, el doble que España, situándose en un total de 51,2 puntos sobre 100. El indicador refleja el ritmo tan desigual que países como Alemania, Noruega o Países Bajos están obteniendo con crecimientos por encima de los 10 puntos y encabezando la clasificación europea.

Respecto al contexto nacional, Madrid lidera la clasificación por regiones, con 37,6 puntos sobre 100 y muy por encima de la media nacional. En cuanto al resto del ranking, Navarra y Cataluña se sitúan en los puestos de cabeza. Cabe destacar los avances que han logrado regiones como Aragón o Castilla-La Mancha.

España sigue sin lograr acelerar el ritmo de desarrollo de infraestructura de recarga en 2022, ocupando así las últimas posiciones en el ranking europeo. En 2022 se alcanzó una valoración de 7,3 puntos sobre 100 en el indicador de infraestructura de recarga, que representa un aumento de 3,3 puntos.

A pesar de este incremento, España se sitúa muy lejos del ritmo de desarrollo de la media europea que logra crecer en 6,7 puntos, hasta alcanzar una valoración total de 16,2 puntos. Una puntuación que sitúa a España nueve puntos por debajo del promedio europeo. Por su parte, hay que destacar el notable crecimiento registrado en Portugal que, con un incremento de 13,7 puntos, escala desde los últimos puestos hasta situarse por encima de la media europea.

En el ámbito nacional, la mejora de 3,3 puntos en el barómetro viene explicada en mayor medida por el despliegue de puntos de recarga rápida. En la clasificación nacional, las posiciones de cabeza varían respecto al año anterior, siendo Castilla y León, Navarra y Cataluña quienes lo lideraron en 2022.

Lejos del objetivo marcado

Durante el pasado año, la infraestructura de recarga de acceso público alcanzó los 18.128 puntos de recarga, lo que en comparación con el año anterior supone 4.717 nuevos puntos de recarga. El aumento registrado en el último año es insuficiente para alcanzar el objetivo marcado para 2022 de 45.000 puntos de recarga de acceso público, necesarios para dar cobertura al objetivo del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).

De igual modo, al ritmo actual será difícil alcanzar los objetivos indicados en el Plan de Recuperación Transformación y Resiliencia marcados por el Gobierno que fijan para 2023 entre 80.000 y 100.000 puntos de recarga de acceso público y 250.000 vehículos electrificados. 

Sólo el 1,4% de la infraestructura de recarga de acceso público permite la carga a 250 kW o más, lo que permite tiempos de recarga de menos de 15 minutos

Para tener una infraestructura de recarga con suficiente calidad es necesario contar con un tejido de puntos de recarga de acceso público con potencias superiores a 150kW que sea capaz de abastecer y facilitar el despliegue de vehículo electrificados. De igual modo, este tipo de infraestructuras será necesario para la movilidad eléctrica asociada a los vehículos pesados que parten de potencias de carga de 150 kW ya en la actualidad y requerirán potencias muy superiores en el medio y largo plazo.

La electromovilidad, más que un compromiso

“La electrificación de nuestra movilidad es más que un compromiso, es una exigencia, y más tras la confirmación por parte del Parlamento Europeo de la prohibición de los vehículos de combustión para 2035. Pero los resultados del barómetro de electromovilidad de ANFAC para 2022 evidencian que el nivel de exigencia requerido no está yendo acorde con el nivel de medidas para facilitar esta transición” asegura José López-Tafall, director general de ANFAC.

Tal y como explica, “en 2022 no se han logrado los objetivos mínimos ni de infraestructura de recarga ni de mercado necesarios para cumplir con las reducciones de emisiones marcadas para 2030. Desde el sector ya hemos advertido que el ritmo de electrificación está siendo muy lento. Hay oferta existente, pero tanto la demanda como el desarrollo de puntos de recarga públicos están siendo insuficientes. Nos enfrentamos a un plazo de 12 años en el que solo se van a poder vender vehículos cero emisiones”.

Tafall señala que “desde ANFAC, hemos planteado nuestra hoja de ruta 2023-25 donde manifestamos las medidas con carácter urgente que se han de poner en marcha, amén de avisar de lo innecesario de la normativa Euro 7 de emisiones. El sector se ha comprometido a cumplir con la normativa de emisiones vigente. Venderá vehículos cero emisiones en 2035 si así lo exige la ley. No tiene sentido invertir tiempo, talento y dinero en hacer más eficientes vehículos de combustión con fecha de caducidad como exigiría la Euro 7 y que penalizarían la apuesta por la electrificación con un exiguo resultado en materia de reducción de emisiones”, afirma José López-Tafall, director general de ANFAC.