Así se desprende del estudio “Análisis del sistema de financiación del transporte público terrestre en España”, realizado por la Fundación Corell y la consultora IDOM a petición de CONFEBUS.
En este estudio se indica que en España se invierte menos del 2% del PIB en transporte público, colocándonos a la cola de nuestros vecinos europeos, por delante únicamente de Irlanda y Chipre.
Y dentro de la financiación para el transporte colectivo, el tren se lleva la mayor parte de las partidas, a pesar de que transporta menos viajeros (43%) que el autobús (57%).
Esta desigualdad económica entre ambos modos de transporte se vuelve a ver reflejada en el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado, que apuesta abiertamente por el tren, y también por las diferentes ayudas recibidas por cada uno de ellos, que permite descuentos en los billetes para el autobús mientras el tren es gratuito para el usuario.
A la vista de los datos de este informe, CONFEBUS habla de una doble discriminación. Por un lado, la de los operadores del sector de la carretera frente al ferroviario y, por otro, la de los ciudadanos por tener mayor o menor inversión en transporte público en función de dónde vivan. Las Comunidades Autónomas más beneficiadas son Madrid, País Vasco y Cataluña, llegando a ser sus subvenciones por viajero entre 4 y 6 veces superiores a las del resto.
El economista José Carlos Díez, presentó el informe. Habló sobre el desequilibrio de financiación entre el tren y el autobús y la necesidad de que la nueva Ley de Movilidad Sostenible permita “generalizar las ayudas públicas a la movilidad” (las compensatorias de las obligaciones de servicio público atendidas y las que minoran los precios para el ciudadano), para así granizar una movilidad de calidad inclusiva y universal en todas las Comunidades Autónomas por igual y repare la brecha entre ciudades y mundo rural. Para ello, se refirió a la necesidad de la colaboración público-privada, potenciando el sistema concesional.
Miguel Ángel Ochoa, presidente del Patronato de la Fundación Corell, habló sobre el problema histórico de la inversión en el transporte público en nuestro país. “La competencia entre ferrocarril y carretera es sana y necesaria, pero lamentablemente el ferrocarril siempre resulta beneficiado frente a las concesiones de transporte de viajeros por carretera porque se considera que sólo los servicios prestados por empresas de titularidad pública son verdaderos servicios públicos”.
Sobre esta cuestión, Rafael Barbadillo, presidente de CONFEBUS, afirmaba que el modelo concesional supone un bajo coste para la Administración y lleva la movilidad a todos los puntos, de manera muy capilar, lo que no puede hacer el tren. Defendió el sistema concesional frente a la liberalización poniendo ejemplos de nuestro entorno. “La liberalización complicaría la prestación de los servicios públicos allí donde no son rentables” como ocurrió ya en el Reino Unido. En Francia y Alemania, países con una gran tradición ferroviaria, la llegada de la liberalización al autobús experimentó un auge de líneas que han ido después desapareciendo en función de la rentabilidad de éstas.
Barbadillo afirmó que tanto el ejecutivo del Estado como los de las diferentes Comunidades Autónomas, conocen la difícil situación que atraviesa el sector del autobús, pero no toman cartas en el asunto. Aseguró que los problemas financieros que sufren los operadores están poniendo en jaque la prestación de los servicios porque si no se revisan con urgencia los contratos, no se podrán cubrir los gastos de gasoil y personal. “Esto está ya a punto de ocurrir”. Por ello, destaca la necesidad de tener equilibrio financiero por ley. “La Ley de Movilidad debe ampliar el ámbito de la financiación del sistema de transporte público a todo el territorio”, indicó.
Fuente: http://www.asepa.es/
Antonio Mozas
Director de ASEPA (Asociación Española de Profesionales de Automoción)
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