El ponente del informe, Ismail Ertug (del partido Socialists & Democrats) destacó que se habían presentado un total de 1175 enmiendas y que son tres las comisiones del Parlamento Europeo que habían presentado opinión a sobre este asunto: la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria, la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y la Comisión de Desarrollo Regional. Las cuestiones más importantes se refirieron, sobre todo, a los artículos 3 (objetivos de la infraestructura de recarga eléctrica destinada a los vehículos ligeros), 4 (objetivos de la infraestructura de recarga eléctrica destinada a los vehículos pesados) y 5 (infraestructura de recarga) del Reglamento propuesto, y se estima que existe bastante acuerdo, en general, sobre aumentar la capacidad de recarga para los vehículos pesados y ligeros, así como también se estima posible alcanzar un acuerdo sobre la transparencia de los precios. Sin embargo, en cuanto a la utilización del gas natural licuado (LNG), se advierten posturas que dan carta blanca a esta posibilidad y otras que no la contemplan en absoluto.

El ponente en la sombra Jens Gieseke (del PPE) recordó que este expediente es clave en el Paquete Objetivo 55, y que la Unión Europea necesita una infraestructura de recarga para poder cumplir con sus obligaciones sobre el objetivo de alcanzar la neutralidad climática de cara a 2050. Gieseke puntualizó que en Europa existe una concentración muy elevada de puntos de recarga sólo en Francia, Alemania y Países Bajos, por lo que se plantea crucial actuar con celeridad para extender la red en toda la Unión Europea.

Además, se estima que el sistema de utilización de la infraestructura de recarga debe ser rápido y fácil de utilizar, debiendo proporcionar un servicio a los ciudadanos y trabajadores de la Unión Europea, por lo que se destaca la gran importancia de la transparencia de los precios
para que la nueva forma de movilidad tenga aceptación. De este modo, lo que debe buscarse son soluciones practicables que se ajusten a la realidad y que también tengan en cuenta los costes, ya que todas las soluciones que se planteen deben poder financiarse.

Finalmente, el ponente del PPE destacó la importancia de este expediente a luz de la guerra en Ucrania y la necesidad de que la Unión Europea cuente con independencia energética, poniendo de manifiesto la importancia del gas natural licuado (LGN) en este sentido, animando a que la Unión Europea tenga una mirada abierta al respecto.

En marcha la transición energética

Caroline Nagtegaal (Renew Europe), también ponente en la sombra del informe, calificó la infraestructura de recarga como la “piedra angular” de la transformación energética, por lo que se plantea necesario crear una mayor certidumbre jurídica y más predictibilidad para las empresas y los consumidores.  Además, Nagtegaal estimó que la Unión Europea necesita unos objetivos más ambiciosos de infraestructura de recarga para los vehículos ligeros y una solución de recarga rápida para los vehículos pesados.

En cuanto al papel del gas natural licuado, deben tenerse en cuenta los últimos desarrollos tecnológicos como una alternativa, pudiendo éste formar parte del mix energético en el futuro, sobre todo para el transporte pesado. La ponente en la sombra Anna Deparnay-Grunenberg (del Grupo de los Verdes/Alianza Libre Europea) estimó que el informe contiene un texto pragmático para poder llegar a cumplir los objetivos del Pacto Verde, como objetivo común en la Unión Europea.

“Todos los sectores deben formar parte de la descarbonización, por lo que será necesario garantizar que las estaciones de recarga se desarrollen de forma que sean lo más sencillas de utilizar posible, dando la posibilidad a los usuarios de comparar los precios de una forma clara y transparente y teniendo en mente el concepto de redes inteligentes en todo este tipo de infraestructuras, también en cuanto a la seguridad para las personas que quieren cargar sus vehículos, teniéndose en cuenta el tiempo” señaló la ponente. 

Se estima que la puesta en funcionamiento de todas las estaciones de recarga ayudará al aumento de la demanda pero, mientras tanto, habrá que debatir cuáles serán las tecnologías obligatorias y cuáles podrán quedar en manos del mercado algunos años más

Por su parte, el ponente en la sombra Carlo Fidanza (del Grupo European Conservatives and Reformists) puntualizó que la Unión Europea necesita un mix energético que reduzca la dependencia de países terceros (a menudo, políticamente inestables), por lo que se plantea necesario el uso de distintas tecnologías con el fin de evitar una dependencia que pueda convertirse en política, debiendo evaluar de forma constante los costes y los beneficios de todas las posibilidades.

A este respecto, el eurodiputado Massimiliano Salini (del PPE) destacó que el drama político internacional actual está marcando estas negociaciones con una alta carga de realismo y capacidad de compromiso, y pidió que el motor de combustión interna no se descartase de entrada porque ofrece oportunidades de ampliación de los carburantes alternativos. Además, Salini consideró que el gas natural licuado podría utilizarse como una tecnología puente hasta 2030 y que el objetivo temporal se adelante a 2027, supeditándose a la neutralidad tecnológica. Al respecto de la finalización de las negociaciones en la Comisión de Industria, Investigación y Energía (C-ITRE), sobre el proyecto de normas de CO₂, el ponente del PPE estimó fundamental la coherencia entre ambos expedientes. 

Cómo desplegar la infraestructura de combustibles alternativos

Dominique Riquet (del grupo Renew Europe) expresó su preocupación sobre la aprobación del Reglamento, directamente vinculante para los Estados, previéndose sanciones cuando el despliegue de la infraestructura de combustibles alternativos depende en gran medida de la economía de mercado, por lo que será necesario determinar cómo se repartirán las responsabilidades.

Además, Riquet también se refirió a las desigualdades de acceso a la electricidad como una forma alternativa preeminente en el futuro próximo, existiendo enormes diferencias entre las personas con acceso a puntos de recarga privados (garajes) y quienes dependen de las infraestructuras públicas, apreciándose una diferencia social enorme.

Por parte de la Comisión Europea, se recordó durante el debate que se busca una posición común fuerte en este expediente, vinculado a la propuesta sobre CO₂, por lo que la Comisión Europea se muestra decidida al respecto de lograr una neutralidad tecnológica, teniéndose en cuenta la electricidad, pero también los biocarburantes, el gas natural licuado y el resto de las posibilidades de combustibles alternativos.

Durante la reunión se examinaron, asimismo, las enmiendas al proyecto de opinión de la Comisión de Transportes sobre el proyecto de informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo al respecto de la modificación de la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión, la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea.

El eurodiputado Marian-Jean Marinescu (del PPE) habló en nombre del ponente del informe, Andrey Novakov (del mismo grupo), subrayando que “sería prematuro incluir transporte terrestre y los edificios en el régimen de comercio de emisiones (ETS), puesto que ello aumentaría los precios para los consumidores, ya que la conducción de un coche no debería ser un privilegio”.

La eurodiputada Dorien Rookmaker (del grupo European Conservatives and Reformists) señaló que lo fundamental es cumplir los objetivos del Acuerdo de París, pero que la inclusión del transporte en el sistema ETS puede suponer repercusiones negativas para el sector, por lo que se necesita una evaluación global que tenga en cuenta las diferentes situaciones económicas de los Estados miembros, que permita conocer a priori las posibles consecuencias. Desde la Comisión Europea, sin embargo, se destacó la importancia de fijar precios para los edificios y el transporte para alcanzar los objetivos establecidos de cara a 2030.

También se examinó el proyecto de opinión para las Comisiones de Mercado Interior y Protección del Consumidor y de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior sobre la armonización de las normas en materia de inteligencia artificial (Ley de Inteligencia Artificial), como marco jurídico uniforme para desarrollar, comercializar y utilizar la Inteligencia Artificial en la Unión Europea.