Un hondo malestar causó a las asociaciones de transportistas el Decreto de ayudas que aprobó el Gobierno para la renovación de las flotas de transporte tanto de mercancías como de viajeros por carretera, al frustrar las expectativas que habían puesto en dichas ayudas al haber quedado excluidas de otras convocatorias anteriores, como el Plan Renove que puso en marcha el Ministerio de Industria a finales de 2020.

Así, pese a que el objetivo del Plan de Ayudas, que está dotado con un presupuesto de 174 millones de euros que serán gestionados por las comunidades autónomas, es reducir las emisiones del transporte por carretera mediante vehículos nuevos propulsados por energías alternativas bajas en carbono, las ayudas del Gobierno dejan fuera no sólo la adquisición de camiones diésel de última generación, sino también los propulsados por gas natural GNL o GNC, a diferencia de otros países europeos, sin que se argumente en el texto legal los motivos de tal exclusión.

Los tribunales hablarán

Por este motivo, el Comité Nacional de Transporte por Carretera ha impugnado judicialmente el Decreto de ayudas, solicitando su suspensión cautelar parcial, teniendo en cuenta la discriminación que supone que la nueva línea de ayudas sí contemple la posibilidad de la compra de autobuses propulsados a gas, cuando éstos desarrollan su actividad en los ámbitos urbanos, donde se dan los mayores problemas de contaminación.

Por el contrario, en el sector del transporte de mercancías las ayudas sólo pueden ir dirigidas a la adquisición  de vehículos eléctricos, cuya oferta en el mercado es aún muy escasa y sólo limitada para ámbitos locales (como es la recogida de residuos o la distribución de última milla)  así como para la compra de camiones propulsados por hidrógeno que, como reconoció el propio Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia “están aún en fase de experimentación”, Para el demandante, se trata de un Decreto de ayudas para la renovación de vehículos “futuristas” lo que en la práctica supondrá que las empresas de autobuses y las de recogida de la basura serán las principales beneficiarias, pero no las empresas de transporte de mercancías por carretera.

Además, dicha exclusión a la propulsión a gas de los camiones coincide en el tiempo con el reciente debate abierto en el seno de la Unión Europea sobre la consideración el gas natural como energía verde. Así, frente a la propuesta de la Comisión Europea favorable a su inclusión, algunos países como España se oponen a ello. En los últimos años, las empresas de transporte han venido haciendo una decidida apuesta por las energías alternativas al diésel, adquiriendo vehículos propulsados por gas natural, pese a tener un coste mucho más elevado, ya que, a día de hoy, es la única tecnología de propulsión para el transporte pesado, y que en la actualidad representan una flota total cercana a los 10.000 camiones en nuestro país.