España está dando pasos transcendentales para impulsar una transición energética ordenada de la economía española, que será un elemento clave para liderar su crecimiento. De ahí la importancia de que el pasado mes de mayo entrara en vigor la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética (LCC), para asegurar el cumplimiento de los objetivos del Acuerdo de París del 12 de diciembre de 2015.
Esta nueva norma pretende mejorar la eficiencia energética de la economía española y fija como objetivos básicos que la intensidad energética primaria mejore anualmente y que descienda la dependencia energética del país. La norma impulsa una economía descarbonizada, que consuma principalmente fuentes de energía de origen renovable.
Entre los objetivos para el año 2030 que establece la ley encontramos la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; alcanzar una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final; lograr un sistema eléctrico con, al menos, un 74% de generación a partir de energías de origen renovable y mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria.
España deberá alcanzar la neutralidad climática antes de 2050, de forma que el sistema eléctrico español esté basado exclusivamente en fuentes de generación de energía renovable. Objetivos revisables al alza para cumplir con el Acuerdo de París o con la normativa europea y los avances tecnológicos.
No se concederán nuevas autorizaciones para la explotación de hidrocarburos o de minerales radiactivos y fomento de la penetración de nuevos gases renovables. Se fomentará la penetración de gases renovables, incluyendo el hidrógeno renovable, el biogás, el biometano y otros combustibles en cuya fabricación se hayan usado exclusivamente materias primas y energía de origen renovable o que permitan la reutilización de residuos orgánicos o subproductos de origen animal.
En línea con lo anterior, se busca reducir las emisiones específicas de combustibles que tengan un impacto negativo sobre el medio ambiente en el sector del transporte aéreo, marítimo y pesado, mediante la integración de las energías renovables y la fijación por el Gobierno de objetivos de suministros alternativos en esta materia.
Tiene especial interés entre el sector de las renovables el hidrógeno renovable. Antes de la aparición de la LCC, el Gobierno (a propuesta del MITECO) aprobó en octubre de 2020 la ‘Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable’. Este plan identifica los retos y oportunidades para el desarrollo del hidrógeno renovable, con medidas para incentivar la inversión e impulsar el despliegue de este vector energético sostenible para posicionar a España como un referente en su producción.
El hidrógeno verde constituye una solución clave para que España alcance la neutralidad climática antes del 2050, puesto que su producción y consumo es 100% neutral (climáticamente hablando) y no genera emisiones contaminantes. Además, a diferencia de otros gases renovables, es capaz de almacenar energía que puede liberarse gradualmente. No es una fuente de energía primaria (como el agua, el sol o el viento) sino un vector energético, es decir, un producto que necesita de una aportación energética.
El desarrollo del hidrógeno renovable traerá consigo una serie de beneficios económicos, sociales y empresariales, como la creación de cadenas de valor industrial innovadoras, el fomento de la innovación tecnológica, la disminución de la dependencia energética nacional y la generación de empleo sostenible, contribuyendo a la reactivación de una economía verde con alto valor añadido.
Sin embargo, todavía existen diversos retos que impiden el desarrollo, producción y utilización del hidrógeno verde, puesto que el coste de producción del hidrógeno renovable no puede competir en igualdad de condiciones con el de origen fósil. Además, el uso actual del hidrógeno verde como vector energético es mínimo, dada la diferencia de coste con respecto a otros combustibles y la falta de desarrollo tecnológico en sus usos finales. Por eso, es necesario invertir en tecnología y financiar la curva de aprendizaje necesaria, como sucedió en su día con la eólica y la fotovoltaica. Se estima que para alcanzar los objetivos nacionales que fija la Hoja de Ruta para el año 2030 será preciso invertir aproximadamente 8.900 millones de euros hasta 2030.
La Hoja de Ruta propone sesenta medidas dirigidas, entre otras cosas, a eliminar las barreras regulatorias que dificultan la producción, impulsar la aplicación del hidrógeno verde en la industria y en el transporte, apoyar a la I+D+i en el avance tecnológico y fomentar el apoyo institucional a los proyectos españoles sobre hidrógeno renovable para acceder a financiación europea. Superados estos retos, el hidrógeno verde jugará un papel esencial en la reactivación de la economía tras la crisis sanitaria y en la transición energética que regula la Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
(Artículo de María Pilar García Guijarro, socia directora de Watson Farley & Williams España, publicado en cincodias.elpais.com)
Fuente: http://www.asepa.es/
Antonio Mozas
Director de ASEPA (Asociación Española de Profesionales de Automoción)
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