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La Comisión Europea ha presentado el pasado 14 de julio un paquete con 13 iniciativas legislativas para impulsar las políticas de clima, energía, uso de la tierra, transporte e impuestos orientadas hacia una reducción en 2030 de las emisiones netas de gases de efecto invernadero de al menos un 50 % respecto a los niveles de 1990.

La Comisión considera que esta reducción de emisiones es crucial para poder cumplir con el ‘Pacto Verde Europeo’, y convertir a Europa en 2050 en el primer continente del mundo climáticamente neutro.

Como es habitual en el proceso legislativo de la UE, la propuesta se ha de negociar con el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE en las reuniones del denominado ‘Trílogo interinstitucional’. Se prevé un proceso complejo por las diferencias entre países, por lo que es muy probable que dure como mínimo dos años, con lo cual las primeras medidas podrían entrar en vigor a partir de 2023.

En el caso de la automoción, la Comisión centra los esfuerzos en los turismos y vehículos comerciales ligeros, porque representan el “gran problema” de Europa para controlar las emisiones. Hoy en día no contempla los vehículos pesados, porque están cubiertos por una legislación más reciente que previsiblemente se revisará el próximo año, cuando se tengan más datos sobre esta flota y su huella ecológica.

Centrándonos entonces en los turismos y en los comerciales ligeros, a continuación veremos los dos temas que levantan más polémica.

Revisión de las emisiones de CO2 de la flota de turismos y comerciales ligeros nuevos

Para 2025 se mantiene una reducción del 15 % respecto a los valores de 2021, tanto en turismos como en comerciales ligeros.
Para 2030 se incrementa la reducción respecto a los valores de 2021 del 37,5% actual a un 55% en turismos y del 31% actual a un 50% en comerciales ligeros.
Para 2035 se contempla una reducción del 100% respecto a los valores de 2021, tanto en turismos como en comerciales ligeros.

Esta última propuesta puede suponer de facto la prohibición de la venta de los automóviles con motores de combustión interna en 2035.

ACEA, la Asociación de Fabricantes Europeos de Automóviles, ya ha manifestado que todos sus miembros apoyan el objetivo de neutralidad climática para 2050 e invierten miles de millones de euros en tecnologías innovadoras y sostenibles. Sin embargo, prohibir una sola tecnología no es una forma racional de avanzar en esta etapa. ACEA apuesta por que entren en juego en el camino hacia la neutralidad climática “los motores de combustión interna altamente eficientes, la hibridación de la propulsión, los vehículos eléctricos de batería y los vehículos de hidrógeno”.

No es el motor de combustión interna el causante de las emisiones netas de CO2, sino el combustible fósil que quema. La sustitución progresiva de hidrocarburos neutros en carbono supone una gran baza para reducir significativamente estas emisiones del transporte por carretera.

Respecto a la propuesta de reducción del CO2 del 55 % para 2030, ACEA destaca que supone un aumento masivo de la demanda de vehículos eléctricos en un periodo de tiempo muy corto, y para ello es fundamental no solo un desarrollo disruptivo de la tecnología actual de baterías, sino un despliegue obligatorio de la infraestructura de carga y repostaje requerida para atender a todos los vehículos y en todas sus situaciones.

CLEPA, la Asociación Europea de Proveedores de Automoción, ha manifestado que el motor de combustión interna es climáticamente neutro si funciona con combustibles renovables. El vehículo eléctrico de batería es climáticamente neutro cuando se carga con electricidad renovable. La prioridad deben ser los combustibles y la electricidad renovables, no prohibir una tecnología.

Extensión del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a los

combustibles para el transporte por carretera.

Previsiblemente esta medida generará muchas tensiones. Francia ya ha manifestado su hostilidad a ella. Dado el impacto de la protesta de los chalecos amarillos en Francia en el 2018 a raíz del encarecimiento del gasóleo, es lógico que sea el país donde la sensibilidad sobre esta medida esté más a flor de piel, existiendo ya la crítica de que puede afectar en el bolsillo de los ciudadanos europeos con menor poder adquisitivo.

Por otro lado, es cierto que, para compensar el encarecimiento del combustible, se creará un Fondo Social para el Clima (que moviliza 72.200 millones de euros para el periodo 2025-2032).

El debate en los Estados y el Parlamento Europeo está abierto. No va a ser fácil. Intereses contrapuestos auguran un accidentado camino a las directivas comunitarias, que concretan las nuevas medidas contra el cambio climático. Veremos cómo acaba.

(Artículo de la Comisión Técnica de ASEPA de Motores, Combustibles y Lubricantes)

Fuente: http://www.asepa.es/

Antonio Mozas
Director de ASEPA (Asociación Española de Profesionales de Automoción)

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