Y aunque esta estafa también puede darse en particulares, en general son las compañías de rent a car, leasing, renting o incluso flotas de empresa las que suelen estar detrás de esta picaresca.

Estas tres capitales denuncian que están perdiendo elevadas cuantías en lo que toca a la recaudación de este impuesto conocido popularmente como “el numerito”. En el caso de Barcelona se cifran según Montserrat Ballarín, concejal de Hacienda de la capital catalana, en 2,7 millones de euros.

Permitir a los ayuntamientos modificar el registro de la DGT

 

Lo que solicitan estas tres urbes, y que debe ser validado por la FEMP, es que ayuntamientos y diputaciones puedan realizar inspecciones para comprobar si las sedes de estas empresas donde se inscriben los vehículos son ficticias, además de tener la capacidad de modificar la sede social en el registro de la DGT para que asuman este impuesto donde prestan servicio.

Y es que el modus operandi de algunas entidades es el de abrir una sucursal u oficina en un pequeño pueblo, lo que le permite así registrar allí sus coches y, a la postre, pagar en dicho municipio el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Pero en realidad estos coches circulan y operan en estas grandes ciudades.

En algunos casos, estas pequeñas oficinas ni siquiera están activas. Así lo denunció por ejemplo un vecino de Aguilar de Segarra, un pueblo de la provincia de Barcelona y conocido ‘paraíso fiscal’ para coches, refiriéndose a un local de Europcar: “Ahí en la esquina verá el cartel en un cristal, pero nunca he visto a nadie. Creo que tiene que ver con el impuesto de circulación”, comentaba a El Periódico.

 

No obstante, que los ayuntamientos puedan realizar estas inspecciones no asegura que deje de ejercerse esta práctica. Esta misma publicación señalaba que los consistorios ven en ello negocio y animan a estas empresas de alquiler de vehículos a que registren en su localidad sus coches. En definitiva es dinero que recaudan para las arcas municipales.

Hay que recordar que la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su Artículo 95 establece unas cuotas generales para el impuesto de circulación, que se estipula por tramos según caballos fiscales (CVF) y que oscila entre los 12,62 y los 112 euros. No obstante, los ayuntamientos pueden modificarlo cada año dentro de ciertos márgenes y aplicar bonificaciones.

De esta manera, entre consistorios y con datos actualizados a 2021, según ha publicado en un informe de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) se pueden dar diferencias de hasta 150 % en este impuesto.

Por ejemplo si se compara el que aplica San Sebastián en los vehículos de entre 8 y 11,99 CVF (86.64 euros) con el de Tenerife (34,08 euros), que es el más bajo de toda España. En Madrid y Barcelona, en este tramo es de 59 euros y 68,16 euros respectivamente y, en Valencia, de 62,59 euros.

Los paraísos fiscales de coches en España

 

En su informe sobre el impuesto de circulación, AEA también elabora un listado de municipios españoles donde más se perpetra esta practica y sobre datos de 2020, haciendo además una comparativa con 2019. En esencia son los que tienen una elevada desproporción entre el censo de coches y habitantes, pudiendo llegar hasta casi 37 vehículos por residente.

Es el caso de un habitual conocido: Rozas de Puerto Real, un municipio madrileño con 555 habitantes censados que llegó a tener en 2019 un total de 29.897 coches registrados. En 2020 bajó a 20.510 automóviles.

En Madrid, otro municipio que por tradición replica este fraude es Robledo de Chavela, que alcanzó en ese mismo año los 50.125 turismos. En 2020 pasó misteriosamente a 26.214. Esta localidad cuenta con 4.364 residentes.

 

En lo que toca a Barcelona, el ya mencionado Aguilar de Segarra es otro de los pueblos con mayor desproporción entre habitantes y coches: 27 por ciudadano. En 2020 tenía registrados 7.679 automóviles para 282 residentes. También aparece Rajadell con 11.430 turismos y 534 habitantes, siendo su ratio de 21,40 coches por residente.