El 31 de Marzo ha sido publicada en el Boletín Oficial del Estadp la versión final del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030. El Plan 2021-2030 tiene como objetivo avanzar en la descarbonización, sentando unas bases firmes para consolidar una trayectoria de neutralidad climática de la economía y la sociedad en el horizonte 2050.
El Plan Nacional Integrado de Energia y Clima de España identifica los retos y oportunidades a lo largo de las cinco dimensiones de la Unión de la Energía:
• la descarbonización, incluidas las energías renovables
• la eficiencia energética
• la seguridad energética
• el mercado interior de la energía
• la investigación, innovación y competitividad
Integrante del Marco Energía y Clima, junto con la futura Ley de cambio climático y transición energética (en tramitación parlamentaria) y la Estrategia de Descarbonización a largo plazo, el Plan se diseña partiendo del objetivo base de convertir España en un país neutro en carbono a 2050, introduciendo los siguientes objetivos específicos en 2030:
• 23% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) respecto a 1991 (emisiones de 221,8 Mt CO2eq en ese horizonte)
*Transporte sostenible: promover un cambio de modelo en el sistema de transporte
– Desarrollo de biocarburantes avanzados obtenidos de manera sostenible a partir de materias primas renovables
– Producción de hidrógeno verde
– Baterías para movilidad y estacionarias
• 42% de renovables sobre el uso final de la energía
• 39,5% de mejora de la eficiencia energética (previsión de consumo de energía primaria de 98,5 Mtep en 2030)
• 74% de energía renovable en la generación eléctrica
• De forma adicional, se prevé la reducción de la dependencia energética desde el 73% de 2017 al 61% en 2030
En materia de transporte
A partir de 2023, se generaliza a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes la delimitación de zonas de bajas emisiones con acceso limitado a los vehículos más emisores y contaminantes, medidas en las que serán clave las administraciones autonómicas y locales. Asimismo, se promoverá la regulación de la ocupación del suelo público con criterios de movilidad sostenible, las restricciones de tráfico en momentos de mayor contaminación, el impulso del vehículo compartido, la regulación del aparcamiento, promoción del uso de la bicicleta, la mejora y promoción del transporte público, etc. Se estima una inversión pública de 3.140 millones de euros en el período de diez años del Plan.
A más largo plazo, se adoptarán las medidas necesarias, de acuerdo con la normativa europea, para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos (excluidos los vehículos históricos, no destinados a usos no comerciales) reduzcan de forma paulatina sus emisiones, de modo que, no más tarde de 2040, sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, se trabajará con el sector de la automoción y se pondrán en marcha medidas que faciliten el desarrollo y la penetración de estos vehículos, lo que incluirá acciones de apoyo a la I+D+i.
Renovación del parque automovilístico
Esta medida se dirige al público en general y las empresas con flotas de vehículos para adquisiciones de vehículos más eficientes. El Ministerio de Hacienda analizará la conveniencia de una reforma del actual Impuesto a Vehículos de Tracción Mecánica, que grava la titularidad de los vehículos aptos para circular, atendiendo al tipo de motor o tipo de carburante.
Se considera necesario reorientar la ponderación de las tasas actuales con criterios basados en la emisión de contaminantes, lo que podría hacerse sobre la base de la Norma Euro o de la etiqueta medioambiental de la Dirección General de Tráfico, penalizando así a los vehículos más antiguos, generadores de más emisiones contaminantes, pero también de mayor consumo y, por tanto, emisiones de CO2.
El Ministerio de Hacienda analizará una reforma fiscal verde del sector del automóvil, para que las decisiones de compra del consumidor se orienten hacia vehículos de menores emisiones contaminantes y menores emisiones de GEI.
Necesidades financieras y apoyo público: La inversión total asociada, por parte de particulares y empresas, se estima en 76.680 millones de euros para el periodo 2021-2030.
Otra fuerza motriz impulsora de la descarbonización del sector será la presencia de renovables en la movilidad-transporte que alcanza en 2030 el 28% por medio de la electrificación (5.000.000 de vehículos eléctricos en ese año) y el uso de biocarburantes avanzados.
Impulso del vehículo eléctrico
El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía del parque automovilístico, que se hará con vehículos eléctricos (entendiendo por vehículo eléctrico tanto los vehículos con baterías como los de hidrógeno con pila de combustible), posibilitando una mayor penetración de energías renovables en el sector transporte. Esta medida se dirige al público en general y empresas con flotas de vehículos.
Las actuaciones elegibles en la medida comprenden la adquisición de nuevos vehículos eléctricos y el despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos
El Ministerio de Hacienda analizará la conveniencia y viabilidad de una reforma fiscal en el sector del automóvil, dirigida a internalizar las externalidades ambientales de los combustibles fósiles, en la que se podría considerar entre otros la reforma del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte (IEDMT) o impuesto de matriculación para actualizar los umbrales de emisiones de CO2 a partir de los cuales se abona el impuesto u otros impuestos a la compra o el uso del vehículo. La reforma permitiría adelantar la paridad de precio entre vehículos térmicos y vehículos eléctricos, lo que contribuiría a acelerar la penetración de estos últimos por encima de las exigencias del nuevo Reglamento de emisiones de CO2 para turismos y furgonetas ligeras, orientando al ciudadano hacia la compra de vehículos de cero emisiones.
La inversión total asociada a la penetración del vehículo eléctrico será del orden 132.403 millones de euros. El apoyo económico público estimado para el desarrollo de esta medida en el periodo 2021-2025, suponiendo una línea de ayudas de 200 millones de euros al año en el periodo 2021-2025 (con fondos de los Presupuestos Generales del Estado y de las comunidades autónomas), asciende a 1.000 millones de euros. En el periodo 2025-2030 se estima que se habrá alcanzado la paridad de precio y no será necesario apoyo público.
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