Podríamos pensar que si una empresa de alquiler de vehículos ofrece sus servicios en una capital española, lo lógico es que sus coches paguen allí el impuesto de circulación. Pero no siempre ocurre así. De hecho, en España existen verdaderos paraísos fiscales del motor que las entidades de rent a car, de leasing, renting y flotas de empresa llevan aprovechando desde hace casi 20 años. No son pocas las que han encontrado en pequeños municipios la medicina perfecta para ahorrar costes mediante una sencilla argucia: inscriben allí sus flotas, pero operan en las grandes ciudades.

Teniendo en cuenta que estas empresas no están por la labor de ofrecer estos datos, estas prácticas las puede demostrar el censo de habitantes y coches. Así, se dan extrañas situaciones como que un pueblo que no llega ni a los 250 habitantes, tenga censados 48.885 automóviles: registrando casi 200 turismos por persona. Ocurre en el municipio barcelonés de Aguilar de Segarra y es el caso más llamativo, aunque no es el único.

El detonante lo encontramos en el año 2000, cuando las matrículas españolas abandonaron el distintivo provincial que permitía identificar su procedencia. De esta manera, estas empresas, sabiendo que los ayuntamientos compiten entre ellos respecto al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, conocido popularmente como ‘numerito’, parece que empezaron a ‘comerciar’ con ellos.

Si bien la normativa vigente establece un mínimo y máximo legal para el impuesto de circulación en función del tipo de vehículo y de la potencia fiscal, los ayuntamientos tienen cierta libertad para designar esta cuantía impositiva. Y entre consistorio y consistorio, encontramos diferencias en precio que superan el 400%.

¿Qué dice la Ley?

La cantidad fijada a nivel estatal en las cuotas generales establecidas por el Artículo 95 de la Ley Reguladora de Haciendas Locales oscila, en el caso de los turismos, entre 12,62 euros y los 112 euros según sus caballos fiscales (CVF).

Además, la normativa recoge que estas cuotas pueden experimentar cambios anualmente en base a los Presupuestos Generales del Estado y que los ayuntamientos, a su vez, tienen vía libre para modificarlo, dentro de ciertos márgenes:

Los ayuntamientos podrán incrementar las cuotas fijadas mediante la aplicación sobre ellas de un coeficiente, el cual no podrá ser superior a 2. Los ayuntamientos podrán fijar un coeficiente para cada una de las clases de vehículos previstas en el cuadro de tarifas, el cual podrá ser, a su vez, diferente para cada uno de los tramos fijados en cada clase de vehículo, sin exceder en ningún caso el límite máximo fijado.

Además, contempla que las ordenanzas fiscales podrán disponer de ciertas bonificaciones sobre la cuota del impuesto, sea previamente incrementada o no en cada consistorio:

a) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de la clase de carburante que consuma el vehículo, en razón a la incidencia de la combustión de dicho carburante en el medio ambiente.

b) Una bonificación de hasta el 75 por ciento en función de las características de los motores de los vehículos y su incidencia en el medio ambiente.

c) Una bonificación de hasta el 100 por cien para los vehículos históricos o aquellos que tengan una antigüedad mínima de veinticinco años, contados a partir de la fecha de su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

En definitiva, sobre el mínimo impuesto por Ley y dentro de unos márgenes, los Ayuntamientos pueden ‘hacer de su capa un sayo’ con este gravamen. Así, nos encontramos con cuotas muy diferentes entre las diferentes capitales de provincia.

Según datos de Automovilistas Europeos Asociados (AEA) que datan de 2016, en Madrid el ‘numerito’ en aquellos coches de entre 8 y 12 CVF es de 66,00 euros anuales, mientras que en Barcelona la cuota se fija en 64,06 euros y en San Sebastián en 86,30 euros. Como hemos visto, la cuota general en este tramo es de 34,08 euros.

Por su parte, las capitales con menor cuantía en este impuesto y en idéntico tramo son Melilla (17,04 euros), Ceuta (34,10 euros) y Zamora (45,67 euros).

Aguilar de Segarra, tierra prometida de las alquiladoras de coches

Vista aérea de Aguilar de Segarra (Barcelona). Foto: Google

ás allá de las diferencias entre grandes ciudades, la verdadera brecha la encontramos en localidades muy pequeñas, con un reducido número de habitantes. En estos paraísos fiscales de la automoción, los consistorios aplican las bonificaciones marcadas por ley, llegando hasta un 75% sobre el coste mínimo estipulado por el Estado.

Y de ello se aprovechan tanto las entidades de alquiler de coches, como las de leasing y renting o las empresas que tienen su propia flota. El modus operandi es sencillo: abren una pequeña surcursal u oficina en un pequeño pueblo, lo que les permite registrar allí sus coches y, por tanto, pagar en dicha localidad el impuesto de los vehículos que conforman sus flotas.

El ejemplo más llamativo lo encontramos en Aguilar de Segarra, el ya mencionado pueblo que toca a casi 200 coches por habitante. Según publica El Periódico, un vecino de esta localidad explica que hay una oficina de Europcar en la que misteriosamente no suele verse personal: “Ahí en la esquina verá el cartel en un cristal, pero nunca he visto a nadie. Creo que tiene que ver con el impuesto de circulación”, comenta. No va desencaminado.

Tomemos como referencia los últimos datos que arroja la DGT, que datan de 2015, en cuanto a número de habitantes y efectivos del parque automovilístico en Aguilar de Segarra. El total de vehículos registrados llega a los 64.451, de los cuales un 76% son turismos, existiendo 48.885 coches censados. Teniendo en cuenta que este pueblo tiene empadronados 246 habitantes, llegamos a la mágica cifra de 199 automóviles por persona. Al ser preguntado por ello, este vecino tira de ironía: “Yo con uno me apaño. Lo tengo ahí, un Peugeot 405, y espero que me aguante unos años más”.

Según da a entender este artículo, los propios ayuntamientos han visto aquí el negocio, ofreciéndose a estas empresas para que registren allí sus vehículos. El alcalde se enteró de esta práctica por una localidad vecina y aunque no desvela la cifra, se estima que podría estar ingresando medio millón de euros al año gracias a la baja tasa del impuesto.

Como ejemplo sirve el propio vecino de Aguilar de Segarra, cuyo Peugeot 405 se ubica en el tramo de entre 12 y 15,99 CVF. En su pueblo paga poco más de 17 euros, mientras que en Barcelona se grava a 136,69 euros. Estamos hablando de unos 119 euros de diferencia. En el tramo de entre ocho y 12 CVF, el impuesto se fija en poco más de 8 euros gracias a las bonificaciones, mientras que en Barcelona está cifrado en 64,06 euros.

Parece que estas entidades se están ahorrando mucho dinero tirando de picaresca, mientras que los consistorios engordan con ello sus arcas. El ecosistema perfecto. ¿Y por qué no reducen el impuesto las grandes ciudades para evitar este tipo de prácticas? Porque en el compendio global no les saldría a cuenta.

Otros paraísos fiscales del automóvil

Este pequeño municipio cercano a Manresa no es el único que registra un ratio desproporcionado entre habitantes y automóviles, cuyo número ha crecido exponencialmente en las últimas dos décadas. Así lo demuestra este gráfico, en el que se detalla la evolución del parque de vehículos en varias localidades de la Comunidad de Madrid. El punto de inflexión lo encontramos en el año 2000, momento en que el número de turismos por cada 1.000 habitantes comenzaba a crecer.

En el caso de Las Rozas de Puerto Real, una localidad madrileña muy cercana a la frontera con Ávila. En este pueblo limítrofe hay censados 523 habitantes, mientras que su parque automovilístico asciende a los 28.107 vehículos. De los mismos, un 81% son turismos, llegando a los 22.631. Hablamos de 43 coches por habitante.

Fuente: Comunidad de Madrid

Otro ejemplo lo encontramos en Robledo de Chavela, también muy cerca de Ávila, que cuenta con 3.955 empadronados y un parque de vehículos que llega a los 107.854. De estos 66.499 son coches (62%) y 26.055 son furgonetas (24%). Cerca de este pueblo está Colmenar del Arroyo que cuenta con 1.611 personas censadas y registra un parque de 40.522, con 29.593 turismos integrando el 73%.

En el caso de estas tres localidades madrileñas, el número de automóviles censados se ha incrementado notablemente desde el año 2000. En concreto, en Las Rozas de Puerto Real, el incremento de turismos a partir de 2011 ha sido más que notable.

Volviendo a la provincia de Barcelona, encontramos otro pueblo vecino a Aguilar de Segarra con estadísticas similares: Rajadell. Esta población tiene empadronadas 524 personas, mientras que su número total de vehículos registrados llega a los 46.477. De ellos, 30.326 son turismos, lo que se traduce en un 65%.

¿Y esta práctica sólo se registra en Madrid y Cataluña? No, en la localidad alicantina de Relleu, también la relación entre población y número de coches está sobredimensionada: tiene 1.279 habitantes y 16.172 vehículos censados, siendo un 93%, es decir 14.991 turismos.

Carta blanca

En Baleares el número de coches de alquiler representa un problema por volumen. Por ello, el Govern balear anunció el año pasado su intención de poner freno a la proliferación de estas empresas y sus flotas. Para ello encargaron un estudio sobre el que apoyarse para limitar legalmente su número. Y el problema no sólo es el elevado volumen de vehículos: según el Ejecutivo isleño, la gran mayoría de empresas de rent a car que operan en las islas, no pagan el impuesto de circulación en el archipiélago.

Desde 2015, un decreto de regulación turística obliga a las alquiladoras a comunicar el numero de vehículos que tienen en Baleares. Pero según Turismo, sólo 20 de las 140 empresas del sector que operan en las islas comunican este dato al Govern. Tal y como publica El Diario de Mallorca, Pilar Carbonell, directora general de Turismo, denuncia la nula colaboración, y por tanto transparencia, en estas empresas.

En julio de 2017, los datos oficiales de la conselleria de Turismo indicaban que había 41.392 vehículos de alquiler, pero este organismo aseguró que la cifra está muy lejos del número de efectivos real.

Para poner fin a esta práctica, Baleares encargó el mencionado estudio para así aplicar una regulación en consecuencia en 2018. Sin embargo, se han dado de frente contra un muro. Según recoge el texto, como se publica en El Diario de Ibiza, “La pertenencia a la Unión Europea no permite discriminar a los vehículos de las empresas de alquiler respecto de los vehículos particulares de los residentes, ya que atentaría contra la libre circulación de mercancías y el principio de igualdad”.

Así, este 2018 la normativa que ate en corto este problema no ha llegado y parece que no llegará. Además de mercadear con el ‘numerito’, las empresas de alquiler están exentos del impuesto especial que sí grava a otros medios de transporte. Por ello, el Govern insta al Gobierno para que cambie la legalidad en este aspecto. Mientras, el negocio de los rent a car sigue su curso en las islas: según los últimos datos que maneja el gobierno balear, el 80% del parque móvil de alquiler lo aglutinan las grandes empresas.