La sentencia, que anula un precepto entero del nuevo Reglamento de Ordenación de los Transportes Terrestres que fue aprobado en febrero de 2019, señala que el procedimiento establecido se limita a un simple trámite de alegaciones, sin garantía alguna para el administrado, cuando debería haberse regulado un procedimiento administrativo completo. Según el Tribunal recogidas en la sentencia: “Por ello, hay que concluir que la finalidad de la exigencia del procedimiento administrativo completo tras la imposición de la sanción no puede ser sino el deseo que haya un procedimiento cuyo objeto específico sea precisamente la comprobación de si la pérdida de la honorabilidad es o no proporcionada.”

La nueva regulación sobre el requisito de pérdida de la honorabilidad fue una de las regulaciones más controvertidas incluidas en el nuevo reglamento de transporte, por las consecuencias tan graves que implicaba su aplicación, entre ellas, el cierre de la empresa transportista, aun por causas no imputables a ella.

En consecuencia, una vez publicada la sentencia en el Boletín Oficial del Estado, todos los procedimientos sobre pérdida de honorabilidad tramitados por las comunidades autónomas y por el propio Ministerio de Transportes quedarán paralizados y sin posibilidad de tramitar nuevos procedimientos, sin que hasta la fecha el Ministerio de Transportes haya informado sobre cuando iniciará el trámite de un nuevo proyecto que subsane las deficiencias legales dictaminadas por el Alto Tribunal.