Al igual que en la primera ola de la pandemia, en la segunda ola se autoriza de nuevo a que los 51 países firmantes del Acuerdo internacional ADR establezcan una nueva prórroga de la validez de los permisos de conducir de mercancías peligrosas, así como de los certificados de consejero de seguridad, que seguirían vigentes hasta el próximo 28 de febrero.
Sin embargo, la nueva situación de rebrote y las medidas de toque de queda y confinamiento adoptadas por numerosos países como consecuencia de la segunda ola de la pandemia ha motivado que los 51 países firmantes del Acuerdo Internacional del Transporte de Mercancías Peligrosas hayan acordado la publicación de un segundo Acuerdo Multilateral M330, para permitir una nueva prórroga de la vigencia de dichos documentos.
En lo que se refiere a los permisos de conducir de mercancías peligrosas (certificado ADR) cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021, prorrogarán su vigencia hasta el 28 de febrero de 2021, si bien la fecha de renovación, que en estos casos es de cinco años, se computará desde la fecha real de su vencimiento con independencia de la prórroga acordada.
En los mismos términos se establece la prórroga de la validez para los certificados de consejero de seguridad, de tal forma que aquellos cuya validez finalice entre el 1 de marzo de 2020 y el 1 de febrero de 2021, seguirán estando vigentes hasta el 28 de febrero de 2021, si bien su renovación, cuando se efectúe, comenzará a computarse desde la fecha en que hubieran tenido que ser renovados si no se hubiera acordado prórroga alguna.
En cuanto a qué países se han adherido a este nuevo Acuerdo, hasta el momento son un total de 13 Estados, entre otros, los principales países europeos como es el caso de Bélgica, Francia, Alemania, Italia o Reino Unido. Sin embargo, España aún no ha procedido a firmar el referido acuerdo de prórroga, aunque se espera que pueda hacerlo en los próximos días, lo que tendría efectos positivos ante la actual situación de ralentización de la actividad, tanto administrativa como formativa por las diferentes medidas restrictivas que están aplicando las comunidades autónomas.
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