Tras la entrada en vigor el pasado de enero de la nueva regulación de acceso a Madrid Central, uno de los sectores profesionales más afectados fue el transporte de mercancías, ya que, desde esa fecha, todos los vehículos de reparto y distribución de mercancías de menor tonelaje sin distintivo ambiental se les prohibió acceder al centro de Madrid. Esto supuso, en la práctica, impedir que más de 8.000 furgonetas y pequeños camiones pudieran continuar prestando sus servicios.

Al resto de los vehículos de transporte de mercancías que se les permitió seguir trabajando (unos 30.000 pequeños camiones), se les restringió tanto el horario establecido para realizar las labores de carga y descarga que, en la práctica, no les han permitido desarrollar su actividad con normalidad.

Alivio para el transporte y distribución urbana

Dicha política que afecta a los vehículos de transporte de mercancías, pese a la actividad esencial que desarrollan (como ha quedado demostrado durante la crisis sanitaria), iba a ir acompañada de un ambicioso plan de ayudas a la renovación del parque de vehículos profesionales, dotado con más de 10 millones de euros. Sin embargo, pese a haber transcurrido más de siete meses desde su anuncio, nada se sabe de las ayudas, con el consiguiente enojo y malestar por el colectivo de transportistas afectados.

Por ello, la anulación parcial de la Ordenanza de Movilidad por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en concreto, en todo lo relativo a la regulación de la zona de bajas emisiones “Madrid Central” es recibida con satisfacción por los transportistas, que supondrá un “respiro” para un colectivo que asistía con enorme preocupación a la necesidad de tener que hacer fuertes inversiones inasumibles para renovar toda su flota de transporte, sin ningún tipo de apoyo económico y especialmente en los actuales momentos de dificultad económica por la crisis sanitaria que vive nuestro país.