En caso de no cumplir con los límites de emisiones especificados por la Unión Europea, restructurar las multas o diferirlas podría ser la solución de compromiso en una situación social tan especial como la actual.
La crisis sanitaria creada por la pandemia del coronavirus traerá consigo una crisis económica que afectará a todos los fabricantes de automóviles, que ya están empezando a calcular cuánto les va a costar esta nueva realidad. Cuando por fin los compradores puedan volver a los concesionarios y la vida se normalice (hasta cierto punto), será necesario responder a la pregunta clave: ¿se deben cancelar los ambiciosos objetivos de la Unión Europea en cuanto a las emisiones o es preferible diferir las multas hasta normalizar el mercado?
El pasado 1 de enero entró en vigor la nueva normativa de emisiones de la Unión Europea. Unas medidas calificadas como claves para la reducción de las emisiones en el sector del transporte en Europa. En ella se especifica que el objetivo de emisiones promedio de CO2 para la flota conjunta de cada fabricante es de 95 gramos de CO2 por kilómetro en 2020. Su puesta en marcha puede suponer el pago de multas extremadamente cuantiosas: una sanción equivalente a 95 euros por cada gramo de CO2 que exceda el límite, multiplicado por cada uno de los coches que se vendan en 2020 y 2021, que es el periodo de transición de dos años acordado.
La industria dividida
Ya en marzo la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) solicitaba retrasar los objetivos de emisiones mientras que los grandes grupos alemanes, respaldados por la ONG Transport & Environment, reclamaban que no hubiese demora en las fechas marcadas.
Actualmente, para cumplir estos objetivos, la solución tecnológica más desarrollada, y por lo tanto más apropiada, es la electrificación basada en híbridos enchufables y eléctricos puros de baterías. Su costoso desarrollo hace que los precios de estos vehículos sean todavía superiores a los de combustión. Esta situación obliga a que los compradores tengan que desembolsar un dinero extra del que, con la crisis económica, puede que no dispongan. Muchos fabricantes ya anunciaban problemas económicos y despidos masivos incluso antes de que la crisis del coronavirus provocara esta recesión económica instantánea y eliminara millones de empleos, al menos temporalmente.
Los fabricantes han tenido que cerrar sus líneas de producción y sus desarrollos ante la situación sanitaria
En la petición realizada por la ACEA en marzo a la Unión Europea en forma carta dirigida a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, los fabricantes aludían no solo al cierre temporal de la producción, y a los trabajos de desarrollo sino también al cese de las pruebas y las homologaciones: “Esta situación trastorna los planes que habíamos hecho para cumplir con las leyes actuales y futuras de la UE dentro de los plazos aplicables establecidos en estas regulaciones”.
Sin embargo, no todos están de acuerdo y hay varias razones para ello. En cuanto a emisiones, con las cifras de ventas europeas en enero, febrero e incluso marzo, ya se estaba demostrando que los fabricantes habían tomado el camino correcto antes de la llegada de la crisis. Un impulso que, si se pierde, podría ser complicado retomar. Durante los últimos años, los fabricantes han estado preparando sus cadenas de suministro, sus líneas de producción y sus estrategias de venta para los nuevos objetivos de emisiones.
La mayoría de esos grandes costes ya se han incluido en sus previsiones de ingresos y cambiar el rumbo ahora podría implicar nuevos costes. Así se lo ha transmitido en una nota a los inversores Harald Hendrikse, analista de Morgan Stanley. En este razonamiento se apoyan también algunos fabricantes como Volkswagen, BMW o PSA que solicitan que las reglas se mantengan vigentes porque están convencidos que pueden cumplir con sus objetivos.
Además, liberar a la industria automotriz de reducir sus emisiones supondría un agravio comparativo con otros sectores que también están sufriendo económicamente para alcanzar sus objetivos. La imagen del sector quedaría muy dañada ante los consumidores, sobre todo tras el escándalo de las emisiones de los vehículos diésel de 2015. Por último, las restricciones impuestas a la movilidad por el confinamiento en todo el mundo han tenido como consecuencia una reducción significativa en los niveles de contaminación del aire, lo que demuestra que el camino marcado era el correcto.
La solución de compromiso: ni para ti, ni para mí
Ante esta disparidad de criterio, es posible alcanzar una solución de compromiso: mantener los objetivos de CO2 tal y como marca la normativa y reducir o diferir el pago de las multas. Según Xavier Mosquet, de Boston Consulting Group, los gobiernos tendrán complicado justificar la imposición de grandes multas a unos fabricantes que acaban de recibir miles de millones en ayudas gubernamentales (en forma de ERTE y otras medidas) para pagar a los trabajadores durante esta crisis.
“Es poco probable que los gobiernos de la UE impongan sanciones significativas en 2021 en caso de que los fabricantes de automóviles se enfrenten a fuertes caídas de liquidez y a un deterioro de su balance económico en el año 2020”, afirma Hendrikse, que cree que las multas podrían diferirse o reestructurarse. “Los vehículos eléctricos con batería no van a desaparecer: son el futuro “, ha concluido.
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Fuente: https://www.hibridosyelectricos.com
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