Para luchar contra la contaminación y paliar sus efectos negativos, la Unión Europea constituyó el régimen de comercio de derechos de emisión, una especie de mercado con la mirada puesta en las emisiones de la aviación y de las grandes instalaciones eléctricas e industriales. Sólo estas actividades suponen el 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Con el régimen propuesto, el objetivo fijado para 2020 es reducir esa contaminación en un 21% frente a los niveles de 2005.

Los sectores no incluidos en el régimen pasaron a denominarse “sectores difusos” (o emisiones “difusas”), donde se incluye la vivienda, agricultura, residuos y el transporte de mercancías y viajeros. En este caso, cada Estado miembro adoptó unos objetivos anuales de reducción de emisiones hasta 2020.

Las obligaciones de España

En 2013, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente creo sus propios límites en las emisiones lanzadas a la atmósfera. De este modo, los sectores difusos españoles debían reducir las emisiones un 10% respecto a los niveles de 2005.

Las medidas a tomar se centralizaron en las siguientes:

• Vivienda: rehabilitación del parque residencial e impulso de la calefacción de biomasa
• Agricultura: siembra directa y mejora en la eficiencia en la fertilización
• Residuos: reducir desperdicios alimentarios

Para promover estas medidas, las administraciones públicas impulsaron medidas fiscales, incentivos económicos o programas de sensibilización.

Reducción de emisiones en empresas de transporte

En España, el transporte supone cerca del 40% de las emisiones difusas. De igual forma, más del 90% del total proviene del transporte por carretera (tanto de mercancías como viajeros). Y no sólo eso: las previsiones apuntan a que todo el transporte contaminará un 6% más hasta 2020.

Entre las medidas propuestas por nuestro país para conseguir el objetivo fijado en 2020 para el transporte, se encuentra la conducción eficiente, el impulso de los biocombustibles y la gestión eficiente de flotas.

Así, una empresa de transporte se ha adaptado durante ocho años para conseguir minimizar su impacto en el medio ambiente. En ello tiene gran responsabilidad la industria de la automoción, que está plenamente comprometida con las normativas más restrictivas. En los últimos 15 años, la innovación tecnologíca ha ayudado a disminuir los límites de NOx y de partículas de los motores diésel. Los nueves filtros son muy eficientes y eliminan el 99,9% de las partículas. Además, los vehículos emiten hasta un 84% menos de NOx que los vehículos de hace 15 años.

La normativa RDE (Real Driving Emissions) es la primera prueba mundial que se hace directamente en carretera y que tiene como objetivo medir y controlar las emisiones contaminantes de NOx y partículas en condiciones reales de conducción. El RDE no sustituye al WLTP (Procedimiento Mundial Armonizado para Ensayos de Vehículos Ligeros), sino que lo implementa. Según la industria, es el estándar más exigente del mundo.

Sólo Europa ha implementado controles de este tipo con límites de emisiones que deberán irse reduciendo con el tiempo. Supone un gran salto en la evaluación de las emisiones de los automóviles y afecta a todos los vehículos de combustión.