Conductores que circulaban por los alrededores de Manston, en el sureste de Inglaterra, a principios de año, se toparon con una situación particular, pero que puede que pronto se convierta en una realidad: una hilera formada sólo por camiones, que originaron un atasco kilométrico hacia el aeropuerto de la localidad, una de las principales vías de entrada y salida de mercancías entre la isla y el continente europeo.
Sólo fue un simulacro, organizado por el Gobierno de Theresa May. Estaban convocados unos 150 camiones, aunque, al final, sólo acudieron unos 90. Manston se encuentra en la ruta hacia el puerto de Dover, lo que puede dar una idea de lo que está por venir en Gran Bretaña.

En unos meses se cumplen los dos años que tenía el Reino Unido para negociar una salida, lo menos dramática posible, de la Unión Europea. El hecho de que el Gobierno británico haya hecho un simulacro de lo que está por venir en lo que a transporte se refiere, ofrece un panorama revelador de la importancia que tiene esta actividad en un momento tan trascendental para la Unión Europea y, sobre todo, para el Reino Unido.

Teniendo en cuenta el calendario y la proximidad de las fechas, muchas empresas de transporte españolas que hacen internacional están pidiendo al Ministerio de Fomento autorizaciones del contingente CEMT, que sería la única autorización válida para acceder al Reino Unido a partir del próximo 29 de marzo.

España tiene concedido un limitado cupo de este tipo de autorizaciones bilaterales (menos de 800 al año), por lo que el Ministerio de Fomento ha establecido para 2019 un procedimiento de consulta previo del número de autorizaciones a solicitar, para analizarlas y decidir cuántas autorizaciones concederá.

Además, la Comisión Europea ha iniciado los trámites de elaboración de un reglamento europeo para establecer una regulación común temporal que asegure una conectividad básica del transporte de mercancías por carretera entre la Unión Europea y el Reino Unido durante 2019 que, en todo caso, necesitará de una aprobación exprés (antes de finales del mes de marzo) y la conformidad del Reino Unido a la nueva regulación establecida.

 

Incertidumbre

La falta de información fiable sobre los posibles efectos de la salida del Reino Unido de la Unión Europea crea confusión en muchos ámbitos, pero si hay uno que desconoce qué va a pasar en los próximos meses, ése es el transporte de mercancías por carretera. Según la Comisión Europea, el Reino Unido es el tercer mercado más importante para la economía española, especialmente en los sectores de alimentación, automoción y aeronáutica, con un crecimiento del 3,7% en 2017 sobre 2016.

Por ello, la Comisión Europea recomienda a los Estados miembros que tomen medidas legislativas y administrativas para que el Brexit sea lo menos perjudicial para sus relaciones. En este sentido, Bruselas ha preparado un documento en el que previene de las consecuencias que tendría una ruptura de las negociaciones, al que ha llamado “plan de contingencia”.

Entre los aspectos en los que la Comisión se para a analizar de forma especial, están los servicios a los ciudadanos, servicios financieros, el transporte aéreo, el transporte por carretera y las aduanas.

Respecto al transporte por carretera, a partir de la fecha de salida del Reino Unido, los derechos de acceso al mercado de los transportistas quedarían limitados, lo que reduciría el tráfico que actualmente existe entre la Unión Europea y el Reino Unido.

Además, las mercancías que se introduzcan en la Unión Europea procedentes del Reino Unido se tratarán como importaciones, y las que salgan de la Unión Europea como exportaciones, lo que significa que estarían sujetas a la exacción de impuestos, como el derecho de aduana, el impuesto sobre el valor añadido (IVA) y los impuestos especiales a la importación. Sin olvidar el requisito de presentar las declaraciones aduaneras a las autoridades que trabajan en la frontera y la posibilidad de someter a control los envíos.

El plan de contingencia tiene un apartado especial para el transporte por carretera: la Comisión ha adoptado una propuesta de Reglamento, para permitir durante nueve meses transportar mercancías a la Unión Europea a los operadores del Reino Unido. De igual forma, estas medidas están supeditadas a que el Reino Unido dé derechos equivalentes a los operadores de transporte comunitarios, siempre que se respeten condiciones de competencia equitativas.

Tras las propuestas de la Comisión, corresponde al Parlamento Europeo y al Consejo adoptar reglamentos. En este sentido, Bruselas ha pedido a estas instituciones que intenten hacerlo lo antes posible, ya que la fecha límite está cada vez más cerca.

Qué pasa si un Estado quiere salir de la UE

Según se recoge en el Tratado de la Unión Europea, si un Estado miembro quiere retirarse deberá notificar su intención al Consejo Europeo, que proporcionará los instrumentos para celebrar el acuerdo que establezca las disposiciones necesarias para la retirada.
El Consejo celebrará dicho acuerdo, por mayoría cualificada, en nombre de la Unión Europea, previa aprobación del Parlamento Europeo.

Los tratados dejan de aplicarse en el país que realiza la solicitud desde la entrada en vigor del acuerdo o, a más tardar, dos años después de la notificación de la retirada. El Consejo puede decidir prorrogar dicho período. Cualquier país que se haya retirado de la UE podrá solicitar unirse y deberá someterse de nuevo al procedimiento de adhesión.

 

Brexit duro, brexit blando

Teniendo en cuenta que la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea lleva discutiéndose desde junio de 2016 (fecha de celebración del referéndum) y que todavía no se ha llegado a un acuerdo firme, cabe la posibilidad de que las negociaciones se estanquen y no lleguen a un final.
Los 27 instan al Reino Unido a que elabore un plan de cómo se va a hacer esa salida. Dicho documento será el que se discuta, teniendo en cuenta todos los planteamientos (económicos, pero también sociales, administrativos, etc.).

Entre los ámbitos que necesitan una especial atención, figura el transporte por carretera. En el supuesto de que no se llegase a un acuerdo, a partir de la fecha de retirada no sería válida la actual licencia comunitaria, sino que los derechos de acceso al mercado entre ambos territorios se limitarían a los permisos ofrecidos en la Conferencia Europea de Ministros de Transportes (CEMT), lo que permitiría muchos menos tráficos que los que tienen lugar ahora entre la Unión Europea y el Reino Unido.

 

¿Un segundo referéndum?

Visto lo visto (que la llegada del acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea se está haciendo esperar más de lo deseable), existe la posibilidad de que el referéndum se repita, teniendo en cuenta lo ajustado del resultado del primero (51,9% a favor, 48,1% en contra).

Uno de los que ha defendido esta posibilidad es Tony Blair, exprimer ministro británico, que aboga por hacer una nueva consulta, a la vista de la reacción de cierta parte de la población, que así lo pidió, pocos días después de celebrarse la votación.

Se trataría de hacer una extensión del artículo 50 del Tratado de Lisboa, legislación que permite que un estado miembro de la Unión Europea pueda salir del club comunitario y que se activó el 29 de marzo de 2017 para dar inicio a las negociaciones con Bruselas.

¿Sabías que…?

•  el transporte es uno de los sectores que más se van a ver alterados por la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El comercio entre ambas zonas cambiará de forma radical, ya que se prevé la vuelta a las fronteras, los controles en aduana y el aumento de papeleo, al considerarse un país extracomunitario.
•  a partir de ahora, las empresas que quieran hacer transporte internacional con el Reino Unido, tendrán que solicitar autorizaciones al CEMT (Conferencia Europea de Ministros de Transporte), al igual que lo hacen con otros países, como Marruecos, Rusia, Turquía…No obstante, se ha solicitado una moratoria de nueve meses para que el proceso sea lo menos perjudicial posible.
• si el acuerdo de retirada no se ratifica (que es lo que están intentando hacer Reino Unido y la Unión Europea), las leyes primarias y secundarias de la Unión Europea dejarán de aplicarse en el Reino Unido a partir del 30 de marzo de 2019, lo que le convertirá en un tercer país, desapareciendo la libertad de circulación de mercancías y viajeros que existía hasta ahora.