En primer lugar, todas las inversiones previstas y de las que el Ministerio de Fomento tenía la potestad para administrar y licitar, están en el aire. De esta manera, el departamento que dirige José Luis Ábalos pretendía aumentar la inversión pública en un 26,6% sobre los planes del ejercicio 2018, lo que supondría aportar 2.097 millones de euros más a obras en infraestructuras, transporte y vivienda. Tampoco se van a destinar 998 millones de euros en conservación de carreteras, una partida considerada como “imprescindible” para la red vial.

Además, las ayudas al abandono de la actividad para transportistas autónomos se quedarán como están (9.180.000 euros), en lugar de crecer hasta los 9.496.000 euros que estaban presupuestados para este año. En 2018 se beneficiaron un total de 306 transportistas, pero este año, el número total de solicitantes aprobados es un misterio.

El rechazo de los Presupuestos paraliza la equiparación del diésel

Otra cuestión que iba a afectar al sector del transporte de forma directa habría sido la equiparación fiscal del gasóleo con la gasolina. La medida incluida en el texto del Proyecto de Presupuestos Generales del Estado suponía un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro. Sólo los transportistas inscritos en el Registro del Gasóleo Profesional estarían a salvo de este cambio, no así los no inscritos (transporte ligero de hasta 7.500 kilos).

El rechazo a los presupuestos deja en el aire el plan de ayudas orientadas a financiar la compra de vehículos energéticamente eficientes y sostenibles. La partida económica suponía 400.000 euros más respecto a los 66,6 millones de euros que recogen los Presupuestos Generales del Estado para 2018: 50 millones de euros para incentivar la compra de vehículos alternativos al diésel de 16,6 millones de euros para impulsar las infraestructuras de recarga para vehículos electrificados, como parte del plan VEA.