El Gobierno español ha aprobado, tras su paso por el Congreso, el Real Decreto-ley 18/2018 sobre medidas urgentes en materia de carreteras. Aunque incorpora varias novedades en cuanto a infraestructuras viarias, la que más afecta al transporte de mercancías es que el Ejecutivo se reserva la potestad para imponer peajes a los vehículos de más de 3.500 kilos en autovías de titularidad estatal.

Con este Real-Decreto, se pretende facilitar y dotar de una mayor cobertura legal a actuaciones cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial, así como garantizar la prestación del servicio de las autopistas de peaje, ofreciendo el mejor nivel de servicio posible a los usuarios ha afirmado en el Congreso el ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

Las reformas incluidas en la norma permiten que, por razones de seguridad vial o medioambiental, se pueda prohibir circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas. Estas medidas se acompañan con distintas bonificaciones a los transportistas, algo que ya ha demostrado su eficacia en los tramos donde, hasta la fecha, ya han sido implantados, reduciendo la siniestralidad continúa diciendo.

Para Fomento, el problema de varias vías de la Red de Alta Capacidad, que sufren de congestión y seguridad a su paso por distintas comarcas y localidades, puede ser mejorada si el tráfico de vehículos pesados se desplaza a las autopistas, cuyas características en cuanto a trazado y capacidad son superiores a las de las carreteras convencionales ha explicado Ábalos en sede parlamentaria.

Según el ministro, no se trata de sacar a los camiones de las carreteras, sino una medida excepcional, justificada y puntal que conlleva las bonificaciones correspondientes y que trata de dar cobertura a una medida que implantó el anterior Gobierno.

Al amparo de Seopan

Esta medida está avalada por la patronal de las constructoras y concesionarias, Seopan, que ha reclamado al Gobierno que instaure un modelo de tarificación de infraestructuras para solucionar el déficit de inversión y conservación que tiene la red vial española. En el caso de los vehículos pesados, Seopan ha calculado una tarifa de unos 14 céntimos de euro por kilómetro recorrido.

Las asociaciones de transporte no han tardado en reaccionar a esta propuesta. La CETM está convencida de que la implantación de nuevos peajes tendría efectos negativos inmediatos en la competitividad de toda la economía española, encareciendo el precio de nuestros productos, dificultando su exportación como consecuencia de nuestra situación periférica y lastrando la producción y el consumo.

La CETM considera que Seopan se olvida de que el transporte de mercancías por carretera representa la columna vertebral de la sociedad, el comercio y la industria de nuestro país, que se desarrolla gracias a nuestra capacidad para transportar mercancías y acercar a los consumidores los productos que necesita con eficiencia y regularidad. Y la mejor prueba de que el transporte cumple este cometido es que los cargadores nos eligen libremente para que transportemos más del 85% de los productos que consumimos cada día. Evidentemente, esto no es fruto de la casualidad, sino el resultado del trabajo bien hecho por parte de un sector que se esfuerza en satisfacer las cada vez mayores exigencias del mercado.

En su opinión, las propuestas de Seopan forman parte de una estrategia, cansina y repetitiva, ligada exclusivamente a los intereses particulares de sectores afines al mundo de las concesiones y de la construcción de grandes infraestructuras y que está encaminada a manipular, tanto a la opinión pública como a la opinión publicada, pensando únicamente en su propio beneficio.

 

 No hay áreas de servicio suficientes según Froet

Para la Federación Regional de Organizaciones Empresariales de Transporte de Murcia (Froet), ha sido una decisión inesperada por parte del Gobierno central, que se ha hecho sin contar con el sector del transporte, y que será un desastre en palabras de su secretario general, Manuel Pérezcarro.

Según el secretario de la asociación, el sector lleva más de dos años negociando este asunto con la Administración central, con el que llegó a un acuerdo de que los desvíos por autopista fueran voluntarios y, en su caso, sufragaran parte del peaje.

Ahora, en función de los trayectos, la obligatoriedad de ir por autopista llevará aparejada un aumento del kilometraje, además de tiempo. Por eso han pedido que se suprima la obligatoriedad y se permita al transportista decidir el trayecto más conveniente, de forma que pueda ir a la autopista, pueda abandonarla y volver a reincorporarse posteriormente, en función de la ruta.

Un balance positivo, según Fomento

Varias son las vías en las que ya se ha prohibido circular a camiones y, el resultado, a juicio de Ábalos, se ha revelado muy eficaz con un impacto positivo, inmediato y significativo sobre la explotación de las carreteras afectadas:

• N-II en Gerona: desde hace años.
• N-232 y N-124 en La Rioja: desde diciembre de 2017. Según Fomento, no ha habido ningún accidente mortal en la AP-68. En idéntico periodo del año anterior, se produjeron nueve accidentes mortales con 11 fallecidos.
• N-240 y N-340 en Cataluña y la Comunidad Valenciana: desde septiembre de 2018. Desde entonces, los camiones deben usar la AP-2 y la AP-7, respectivamente.