El Consejo de Ministros del pasado 8 de noviembre aprobaba, entre otras cuestiones, la Ley de Carreteras, en la que se incluía la posibilidad de que el Gobierno pudiera prohibir a camiones y otros vehículos pesados circular por carreteras nacionales y obligarles a desviar sus trayectos por autopistas.

Aunque está previsto incluir un descuento en los importes de los peajes, la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ha mostrado su rechazo a la posible puesta en marcha de los desvíos obligatorios que, “además de atentar contra el derecho fundamental de la libre circulación, generan graves y costosos problemas para las empresas de transporte a las que representamos”.

Para ello, se basan en dos argumentos: el primero, en el aumento innecesario de los kilómetros recorridos, lo que conlleva pérdidas de tiempo derivadas de las complicaciones que tiene acceder o abandonar las vías de peaje. Y el segundo, la imposibilidad de llegar a las áreas de servicio situadas en las carreteras convencionales, tanto para repostar y hacer el mantenimiento de los vehículos como para descansar, “debido al insuficiente número de áreas de descanso existentes en las autopistas de peaje”.

La CETM considera que el transporte de mercancías por carretera “es un sector absolutamente comprometido con su seguridad y con la de todos los usuarios de las carreteras, realizando para ello un importante esfuerzo inversor, tanto en la compra de vehículos de última generación, como en la contratación y formación de conductores altamente cualificados, además de defender y promover el riguroso cumplimiento de la normativa de tiempos de conducción y descanso”.

Para la Confederación, “buena prueba de ello es que nuestras cifras de siniestralidad han bajado casi un 20% en el último año, mientras que aumentaban las de casi la totalidad del resto de usuarios de la vía, lo que choca de pleno con la campaña de desprestigio y culpabilización que sufre nuestro sector, al querer retirarle de forma obligatoria una de las carreteras que utiliza con tanta seguridad como el que más”.

La asociación de transporte internacional Astic también se ha sumado a esta queja. Para Astic, “la desviación obligatoria del transporte es deproporicionada” y ha mostrado su preocupación “ante una medida estigmatizante que apunta hacia el transporte como causante principal de la siniestralidad de este tipo de vías, en lugar de adecuarlas a las necesidades reales de circulación, según vaya evolucionando la demanda de movilidad”.

Fomento lamenta que el PP no se una al Pacto por las Infraestructuras

El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha lamentado que el Partido Popular no tenga intención de sumarse al Pacto de Estado por las infraestructuras que han planteado el Gobierno, para afrontar la financiación del mantenimiento y conservación del conjunto de la Red de Carreteras del Estado.

Ábalos ha recordado que, en los últimos seis años, la inversión en mantenimiento ha bajado un 27%, a pesar de que la red de carreteras ha seguido aumentando.

El ministro ha insistido en que las concesiones cuyo plazo acaben en esta legislatura “no se van a prorrogar ni se van a volver a licitar, por lo que pasarán a manos de la Administración y dejarán de gestionarlas concesionarias privadas”. Es el caso de la AP-1 (de Burgos a Armiñón, desde el 30 de noviembre), a la que seguirán la AP-7 (de Tarragona a Alicante) y la AP-4 (de Sevilla a Cádiz) a partir de diciembre de 2019.

La Ley, a grandes rasgos

La modificación de la Ley de Carreteras dará cobertura legal al eventual cobro de peajes por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre (SEITTSA), que asume la explotación de varias autopistas de peaje, tras haber finalizado su concesión.
Además, se permite prohibir la circulación a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales, obligándolos a circular por las autopistas. Según Fomento, estas medidas se acompañarán con distintas bonificaciones a los transportistas, aunque no se ha concretado en qué porcentaje.

También se modifica esta Ley para permitir que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. Así, se pretende no retrasar las obras y, en particular, la ejecución de obras de menor envergadura económica pero destinadas a mejorar la seguridad vial.