Se da así cumplimiento a la Directiva europea 22/2006 sobre la aplicación de la legislación social relativa a las actividades de transporte de mercancías por carretera, que obliga a los Estados miembros a hacer controles dirigidos a las empresas clasificadas como “de mayor riesgo“. La actuación inspectora lleva desarrollándose desde el año 2016, en colaboración con los cuerpos de inspección de otras Administraciones Públicas, aunque está previsto que se intensifique en 2019 en colaboración con la Inspección de Trabajo, controlando tanto en carretera (vehículos pesados y ligeros) como a las empresas cargadoras, comprobando el cumplimiento de la normativa social y el cabotaje.

Además, se quiere incidir en los siguientes aspectos de control:

• Continuará la inspección de las operaciones que tengan su origen o destino en grandes centros generadores o destinatarios de cargas (plataformas logísticas y zonas de carga de los puertos marítimos), donde se concentran los mayores volúmenes de carga y descarga de mercancías.
• Especial control sobre las áreas de negocio de economía colaborativa online, en especial, en lo referido a plataformas de paquetería que intermedian en vehículos diversos sin estar autorizadas.
• Intercambio de información entre la Inspección de Transporte y de Trabajo para mejorar la coordinación.
• Introducción de nuevas tecnologáis para mejorar la labor de inspección (pago con tarjeta, tablets de control, elementos de control de documentos en formato electrónico…)
• Control anual de tiempos de conducción y descanso sobre la flota (unos 450.000 vehículos están obligados en España a llevar tacógrafo).
• Dos controles de larga duración sobre posibles excesos de peso

En el caso de los controles del tacógrafo, la Directiva europea 22/2006 impone a los Estados miembro la obligación de controlar el 3% de las jornadas de trabajo (en el caso español, las autoridades están obligadas a revisar, al menos, 2.361.644), de las que la mitad se deberán controlar en la sede de las empresas y la otra mitad, en carretera. El periodo a controlar en cada inspección que se haga a las empresas transportistas será de 45 días de media.

Con las aportaciones realizadas por las asociaciones de transportistas que pertenecen al Comité Nacional de Transporte por Carretera, así como las observaciones que proponen las comunidades autónomas y las fuerzas de vigilancia en carretera, se procederá a la aprobación definitiva del Plan Nacional de Inspección de Transporte por Carretera para 2019.