El Gobierno ha presentado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018, donde se incluye una propuesta para modificar los impuestos que se aplican a la energía, entre ellos, a los carburantes (impuesto de hidrocarburos). Nuestro país se encuentra entre los Estados que menos carga fiscalmente sus combustibles, por lo que el Gobierno aún ve margen para aumentar la tasa que grava a gasolinas y gasóleos.

El actual nivel impositivo de España es de 367,33 euros por cada mil litros, que es la suma de los 331 euros estatales más los 36,33 que aplican las comunidades autónomas de media. Para los vehículos de más de 7,5 toneladas, a efectos de nivel impositivo efectivo, España se sitúa en el mínimo comunitario de 330 euros por cada mil litros, ya que se está aplicando en su totalidad la recuperación del gasóleo profesional (hasta 50.000 litros anuales), correspondiente tanto al tipo estatal como al autonómico.

Ante el supuesto de una posible revisión a corto plazo de la directiva que regula los impuestos sobre la energía, cabría la posibilidad de modificar la estructura del impuesto y de derogar la figura del gasóleo profesional, así como permitir un tipo impositivo autonómico para Francia y España. Todas estas situaciones ya han sido valoradas en anteriores proyectos de modificación de la directiva, pero no prosperaron en la votación del Consejo de la Unión Europea, por lo que, cualquier subida de los mínimos comunitarios y estatales podría dar lugar a un incremento real y efectivo de los costes para el sector del transporte.

En todo caso, si la posible subida se hiciese sobre cualquiera de los dos tipos estatales que componen el impuesto (estatal general y estatal especial), no se plantearía ningún problema para el Estado, independientemente de que se aplicase el gasóleo profesional o no.

Fin del IVMDH

Si el proyecto de Presupuestos Generales del Estado prospera, se deroga la figura del tipo autonómico del Impuesto Especial, que se introdujo en 2013, en sustitución del tramo autonómico del IVMDH (declarado ilegal) para integrarlo dentro del actual tipo estatal especial, que pasaría de 24 a 72 euros/1.000 litros.

Esta medida blindaría al Gobierno frente a una posible ilegalidad del tipo autonómico (que sería recurrible), integrándolo en el tipo estatal especial y unificaría el impuesto para todas las comunidades autónomas, aplicando los 48 euros en todas las regiones por igual, y evitando así la diferenciación geográfica.

De esta manera, España pasaría de la actual media ponderada de 367,33 euros/1.000 litros a 379 euros/1.000 litros, lo que supondría una subida de 11,67 euros/1.000 litros, a partir del 1 de enero de 2019.

Además de todo esto, la devolución del gasóleo profesional se mantiene en la actual diferencia de un euro, a obtener entre los 306 euros marcados en la regulación y el tipo estatal, marcado en 307 euros, y se le suma la cantidad de 48 euros del tipo estatal especial, que proveían del tramo autonómico y que se integran en ese tipo estatal.
De este modo, sólo con la modificación de la estructura del impuesto, introduciendo en el tipo estatal especial los 48 euros procedentes del tipo autonómico igual para todas las comunidades autónomas, la devolución máxima del gasóleo profesional se mantiene en 49 euros/1.000 litros.

El efecto negativo de esta nueva estructura del impuesto se verá reflejado en su repercusión sobre turismos y furgonetas cuyos repostajes venían haciendo en alguna de las comunidades donde el actual tipo autonómico estaba por debajo de los 48 euros/1.000 litros, o donde no se aplicaba (País Vasco, Aragón, La Rioja y Canarias). En este caso, al ser igualitario, dejará de haber fugas de consumos entre comunidades por la diferenciación del componente autonómico del impuesto.