La desaparición de una actividad especializada del transporte de carbón, con vehículos muy específicos y de díficil reconversión, haría que se perdieran cerca de 1.000 puestos de trabajo en comunidades autónomas con, ya de por sí, problemas laborales, con escasas salidas de trabajo y ya desindustrializadas.

Por ello, las cuatro asociaciones representativas del transporte de mercancías por carretera de Galicia, Asturias, Aragón y Castilla y León exigen al Gobierno que, antes de tomar medidas que impliquen el cierre de las centrales térmicas valoren “todas las consecuencias para todos los sectores afectados, que se tengan los miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, que se perderían y el daño social y económico que provocaría en unas comunidades autónomas con problemas laborales”.

Estas organizaciones empresariales reclaman al Gobierno que si decide continuar con esta medida, tenga previstas fórmulas para posibilitar la reconversión de estos vehículos, con unas características muy específicas que imposibilitan su función en otros sectores. También consideran que no se encuentran “en una situación de igualdad con otros modos de transporte, a los que se subvencionan sus pérdidas, lo que supone una grave injusticia para el sector del transporte, que aporta más de 12.000 millones de euros a las arcas del Estado, sin obtener una respuesta adecuada a su potencial, lo que lleva a un deterioro del transporte que no se puede consentir”.