En 2015, Alemania decidió comenzar a exigir a todos los extranjeros que fueran a trabajar a Alemania el cumplimiento de su salario mínimo, un procedimiento que fue seguido por Francia (2016) y Austria (2017). La reacción de la Comisión Europea fue iniciar procedimientos de infracción contra estos tres países, al considerarlo una restricción al libre movimiento de personas dentro de la Unión Europea.

Ahora, la comisaria europea de Transporte y Turismo, Violeta Bulc, ha afirmado que están suspendidos los tres procedimientos debido al estado de tramitación del nuevo Paquete Legislativo de Movilidad, que contempla, entre otras modificaciones, una regulación específica sobre el salario mínimo para el sector del transporte por carretera, tanto de mercancías como de viajeros.