El actual Ejecutivo tiene múltiples retos y problemas que resolver, una vez que ha formado ya el equipo de Gobierno. En lo que respecta al transporte, uno muy importante es el que afecta a la Red de Carreteras del Estado, sobre todo las vías que están bajo concesión con empresas concesionarias de autopistas y que están sujetas al pago de un canon por su gestión y mantenimiento. Entre ellas se encuentra la AP-7, entre Alicante y Tarragona, la AP-4, entre Sevilla y Cádiz, la AP-2, entre Zaragoza-Mediterráneo y los tramos de la AP-7 Tarragona-La Jonquera y Montmeló-El Papiol, que terminan el 31 de agosto de 2021.

Los grupos que han apoyado a Pedro Sánchez en la moción de censura esperan que, con él al frente del Gobierno, cumpla las promesas hechas, entre ellas, liberar del peaje estas vías. Especialmente los grupos independentistas catalanes con la AP-7, que consideran que los catalanes ya han pagado con creces la inversión hecha en esta vía y definen como agravio comparativo la situación que sufre Cataluña frente a otras comunidades que tienen autovías gratuitas.

Según Seopan, el mantenimiento del peaje puede ahorrar a los contribuyentes unos 300 millones de euros

Pero no son los únicos: los gobiernos autonómicos de Susana Díaz o el de Ximo Puig, en la Comunidad Valenciana, y el de Francisco Lambán, en Aragón (todos ellos socialistas), también reclaman la gratuidad de las autopistas que pasan por sus respectivos territorios. El próximo 30 de noviembre expira la concesión de la autopista AP-1, entre Burgos y Armiñon (Álava), por lo que se está a la expectativa de lo que ocurra.

La patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, ha pedido al Ministerio de Fomento que se mantenga el peaje, ya que, “si se liberalizara, provocaría un caos“, al dispararse el tráfico de camiones hasta los 8.000 diarios. Para Julián Núñez, presidente de la patronal, “sería inasumible mantener un mínimo nivel de servicio en la autopista“. Seopan llama la atención del hecho de que una parte significativa de la autopista es de vehículos extranjeros: “no tiene sentido que el contribuyente español lo tenga que pagar de su bolsillo, cuando el 50% del tráfico son extranjeros y camiones Francia y Portugal” ha señalado.

Según Seopan, el mantenimiento del peaje puede ahorrar a los contribuyentes unos 300 millones de euros, ya que, además de los costes de mantenimiento, la autopista tiene pendientes inversiones para implantar el tercer carril en toda la infraestructura.

Por su parte, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ya solicitó al ministro saliente de Fomento, Íñigo de la Serna, que se eliminara el peaje de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, que concluye el 31 de diciembre de 2019. Peor lo tiene Cataluña, donde el impago de peajes se ha convertido en una forma de protesta de distintos grupos independentistas, como los comités de defensa de la república (CDR).