La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha señalado en numerosas ocasiones que sería conveniente replantear la normativa que regula los servicios de transporte (mercancías, pasajeros, ambulancias y servicios alternativos al taxi), porque “están sometidos a una regulación muy intensa que restringe la competencia en el sector. Esto, en última instancia, repercute negativamente en los consumidores y usuarios“.

En abril de 2016, la CNMC impugnó dos normas del Ministerio de Fomento ante la Audiencia Nacional (el Real Decreto 1057/2015, de 20 de noviembre y la Orden FOM 2799/2015, de 18 de diciembre), cuyas resoluciones están pendientes.

En el informe publicado sobre el ROTT (el reglamento que regula la LOTT), la Comisión de Competencia analiza el impacto de la normativa del Ministerio de Fomento sobre la competencia y su ajuste a los principios de regulación económica eficiente. En este sentido, ha detectado que la regulación planteada”restringe la competencia de forma injustificada“, por lo que hace las siguientes recomendaciones:

• Algunas exigencias constituyen barreras de acceso para todos los operadores de transporte terrestre que quieran participar en el mercado. En concreto, se les exige tener forma jurídica concreta, ausencia de ánimo de lucro o domiciliar las licencias en territorios concretos. En el caso de camiones y autobueses, se imponen, además, trabas a la administración de autorizaciones para operar.
• En el caso de transporte con camiones, autobuses, ambulancias y las VTC (servicios alternativos al taxi) existen “cargas innecesarias y desproporcionadas que no se justifican“, como que las licencias de transporte tengan que estar vinculadas a vehículos concretos, que todos los vehículos deban estar matriculados en España, que cada operador deba disponer de una flota mínima de vehículos o que el operador sólo pueda trabajar con personal de su plantilla. En el caso particular de los camiones, se imponen requisitos como que la flota de vehículos tenga muy poca antigüedad.
• Se prohibe que se constituyan nuevos servicios de transporte de viajeros por iniciativa privada y se establece la explotación de esos servicios en régimen de monopolio.
• En el caso de autobuses, se dificulta que los operadores reduzcan sus tarifas.
• Se otorga un papel importante a las asociaciones de transportistas (mercancías y pasajeros) como colaboradores de la Administración. Según la CNMC, dicho papel “no sólo es peligroso para la competencia, ya que puede facilitar la colusión y reducir los incentivos para competir, sino que es discriminatorio respecto a los usuarios, a quienes no se se reconoce de la misma manera”.